En 1999, el gobierno sueco emprendió un experimento de ingeniería social para poner fin a la práctica masculina de adquirir servicios sexuales comerciales. El gobierno promulgó una nueva ley que penalizaba la compra (pero no la venta) de sexo (Código Penal Sueco). Esperaba que el temor a la detención y el creciente estigma público convencieran a los hombres a cambiar su comportamiento sexual. El gobierno también esperaba que la ley obligara a las aproximadamente 1.850 a 3.000 mujeres que vendían sexo en Suecia en ese momento a encontrar otra línea de trabajo. Por último, el Gobierno espera que la ley elimine el tráfico de personas a la prostitución forzada y la presencia de trabajadores sexuales migrantes.